Inmigrantes En El Centro De La Diana
“Es la quinta vez que me paran esta semana”. Quejas que se oyen por las calles de la capital de España. Inmigrantes que son parados por la Policía para identificarles y “pedir los papeles”. Si no los tienen son detenidos y se les abre un expediente de expulsión. Asociaciones de inmigrantes y ONG califican de “inadmisible” la persecución a la que están siendo sometidas las personas inmigrantes, ya que no tener papeles no significa perder la dignidad y los derechos fundamentales de la persona.
La noticia de que las comisarías de Madrid tenían la orden de detener a un número de inmigrantes cada semana provocó un gran revuelo entre los políticos y creó cierta alarma social. Se ordenaba a los agentes a arrestar a un mínimo de 35 personas “sin papeles”. Sin embargo, algunos agentes de la Policía han explicado que los cupos de detenciones “no son una cosa nueva y que las identificaciones por el color de la piel y la forma de hablar se llevan haciendo en Madrid desde hace 14 años”. Además, estos agentes defienden que, sabiendo que hay personas en situación irregular, sólo identificando a las personas se puede averiguar si están o no en esa situación.
Organizaciones de inmigrantes como ATIME o SOS Racismo, en cambio, ya denunciaban esta situación desde hace unos años. Estas medidas están lejos de crear una sensación de seguridad en la ciudadanía e, incluso, en el barrio de Lavapiés, donde hay un alto índice de población extranjera, hubo una manifestación contra el acoso policial a estas personas.
La población inmigrante ha crecido mucho en los últimos años en España. Más de cinco millones de personas inmigrantes viven hoy en este país. De ellos, tan sólo un millón están en situación irregular. El resto, cuatro millones, son ciudadanos de pleno de derecho: trabajan, estudian y realizan actividades de la vida cotidiana, que se ve entorpecida por esta “caza al inmigrante”. Los agentes ya no se limitan a estar en la calle, acuden a lugares de encuentro de los inmigrantes: locutorios, bares o comercios de sus comunidades, parques o plazas donde se reúnen…
Hasta ahora, los inmigrantes eran bienvenidos. Había trabajo y venían para trabajar, para aportar a nuestro sistema de Seguridad Social y en al crecimiento de la economía española. Hoy, inmersos en una crisis económica global, los inmigrantes ya no son “tan bien vistos”. Ya de por sí un grupo vulnerable, esta nueva situación económica los ha hecho más débiles. Muchos han perdido sus trabajos, tienen que acudir a los recursos sociales para sobrevivir y sufren actitudes racistas y xenófobas. Las organizaciones de inmigrantes han denunciado el aumento de las agresiones de este tipo en estos meses. Y en países como Inglaterra, se han producido manifestaciones para contratar mano de obra inglesa antes que extranjera.
Las personas que emigran vienen a trabajar, a buscar un futuro mejor para ellos y sus familias. Asociamos delincuencia e inmigración de manera errónea y actuaciones como las de la Policía en Madrid no ayudan a cambiar esta asociación. Sin embargo, de los 77.000 presos que hay en España, poco más de 20.000 son inmigrantes.
El artículo 17 de la Constitución española dice que “toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad”. La persecución indiscriminada a las personas inmigrantes vulnera este derecho y discrimina y criminaliza a personas por el simple hecho de encontrarse en una situación administrativa irregular.
Los inmigrantes se encuentran en una situación de indefensión y perjudica a la convivencia social y a su integración en la sociedad. La Administración no tiene que abrir más debate y conflicto social. La sociedad civil hemos de exigir que haya un compromiso, más aún en estos tiempos de crisis, con una política de inclusión social verdadera de quienes vienen a contribuir al crecimiento de nuestra sociedad, como lo hicieron nuestros abuelos en otros países.
Ana Muñoz Álvarez
Periodista
ccs@solidarios.org.es
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