Sistema De Gestión Institucional Sobre Seguridad Vial

El libre tránsito es una prerrogativa consagrada en la constitución de la República, pero asimismo se contempla en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Sin embargo, se imponen reglamentos para transitar por las vías de uso público para salvaguardar la integridad física y mental del ser humano y del concepto de convivencia.

De dichos reglamentos, se demanda en la actualidad sean realmente respetados. Pero al igual que hay que respetar las normas de convivencia social, a las autoridades, al medio ambiente, también y sobretodo, guardar respeto a la vida de los más vulnerables usuarios.

Si bien existen leyes, no menos cierto es que estas deben cumplirse y exigirse que se cumplan. Si todos somos responsables del gran desorden en que vivimos, las consecuencias generadas son funestas y aterradoras. De ahí que los organismos llamados a exigir y fiscalizar el cumplimiento de las normativas deben concentrar sus esfuerzos para minimizar las infracciones y violaciones con los órganos que imponen las sanciones.

La sociedad en su conjunto debe reclamar un alto a la violencia vial. y es que las instituciones públicas y privadas deben ser participes de la solución, íntegramente.

Por ejemplo, los medios de comunicación y una gran cantidad de instituciones de servicios pueden intervenir bajo una enorme cuota de responsabilidad en el asunto, planificándose por etapa su integración a programas de reducción de víctimas al año mediante verdaderas y valientes políticas de Estado y el manejo de una estrategia de comunicación eficaz.

Fomentar el trabajo concentrado de los diversos actores de la seguridad vial puede ser factible como solución efectiva del problema, si tomamos las experiencias de otras naciones, siempre con un fin último, que es el de reducir la cantidad de víctimas en siniestros de tránsito planteando objetivos, primero de mejora de la seguridad vial, y en una segunda etapa de “Visión 0”. En todo caso fundamentado en el apoyo político.

En ese sentido, hemos tocado dos aspectos esenciales:

a) La transferencia de conocimientos,

b) y la gestión eficaz institucional.

La primara implica intercambio sostenido de conocimientos y experiencias entre las naciones comprometidas con el tema.

La última, hace referencia a la necesidad de liderazgo institucional para la implementación de programas de integración y cohesión de las diversas agencias del país, también con el compromiso de trabajar de acuerdo a un plan común.

Consecuentemente, habría que definir la participación y nivel de compromiso de cada uno de los posibles agentes activos de la seguridad vial, lo cual es una tarea pendiente que arrojará extraordinarios resultados.

La Refinería Dominicana de Petróleo, las distribuidoras de combustible, las estaciones de expendio, las aseguradoras, La Superintendencia de Seguros, La Dirección General de Impuestos Internos, La Dirección General de Aduana, La Dirección General de Tránsito Terrestre, La Oficina Técnica de Transporte Terrestre, La Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, La Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, Los Tribunales de Tránsito, La Policía Nacional, La Secretaría de Estado de Interior y Policía, La Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, La Autoridad Metropolitana de Transporte, La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, El Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre, los vendedores de vehículos, los importadores de vehículos, las compañías financieras de vehículos, La Cruz Roja, los Bomberos, La Defensa Civil, los medios de comunicación, las Organizaciones No Gubernamentales, los centros académicos, las iglesias, los clubes, las compañías de transporte y grúas; los sindicatos de transporte y gremios profesionales, tales como El CODIA, de los Abogados, de los médicos, los periodistas, etc.; Las Cámaras Legislativas, las compañías eléctricas, La Secretaría de Industria y Comercio, El Metro de Santo Domingo, La Oficina Presidencial de Reordenamiento del Transporte, La Secretaría de Estado de Educación, El Instituto de Formación Técnica y Profesional, la Suprema Corte de Justicia, La Junta Central Electoral, La Secretaría de Relaciones Exteriores, La Procuraduría General de la República y las Fiscalías, El Banco de Reservas de la República Dominicana, La Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación, El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Los Ayuntamientos, El Consejo Antidrogas, La Secretaría de Estado de Turismo, entre otras.

Cada una de estas entidades mencionadas tiene y juega un papel interesante, aunque parezca inverosímil. Todas ellas guardan correlación con el tránsito y la solución al problema de siniestralidad vial en nuestro país que oportunamente explicaremos con detalles.

Sin embargo, me referiré a algunas de singular relevancia, como lo es la Junta Central Electoral, para dar una idea. Nos preguntamos, ¿qué tiene que ver esta institución con el tránsito? Pues, sencillamente, la Junta Central Electoral es la que emite el documento de identidad o cédula a los ciudadanos. Y es este el documento que da origen a la expedición de las licencias de conducir. Si la cédula es vulnerable tenemos una licencia también vulnerable en mano de un posible conductor peligroso. De tal manera que debemos establecer mecanismos de controles idóneos valiéndonos de las nuevas tecnologías y del gobierno electrónico para de esta manera compartir informaciones que conviertan ambos documentos en infalibles y confiables. La Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones se encadenan a este concepto planteado. Y a través de estas últimas, se puede establecer una línea de comunicación iterativa para reportes de anomalías en las vías públicas con la ciudadanía, además de crear un buzón activo de sugerencias.

En el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, existe un vínculo con la Dirección General de Tránsito Terrestre para permitir la circulación de extranjeros en nuestro territorio mediante certificaciones legalmente autorizadas y bajo un procedimiento establecido. En este país no hay un documento más proclive a su falsificación que este certificado.

Tanto la Cruz Roja como el Colegio Médico son parte del proceso de obtención de la licencia de conducir, por cierto, contemplan muchas debilidades y desactualizaciones, en especial el examen médico o de la Vista.

Empero, desarrollan las dos instituciones una función importantísima de prevención y preservación de la vida en temporadas de accidentes juntas con la Defensa Civil, cuyas acciones pueden ser mejor aprovechadas en programas estratégicos durante todo el año. Amen de prestar servicios de rescate ante desastres de accidentes de tráfico.

Por medio del Banco de Reservas de la República Dominicana se realizan todas las transacciones de pago de impuestos por servicios de La Dirección General de Tránsito Terrestre y La Dirección General de Impuestos Internos, procesos que en su momento habrá que revisar; pero la falta de interconexión con otras entidades respecto al cobro de las multas imposibilita implementar nuevos controles de fiscalización más efectivos acorde con la demanda de los tiempos de modernización y transparencia y el grado de dificultad y complejidad del tema de seguridad vial.

En consecuencia, tenemos infractores consuetudinarios, sin temores a reprimendas. Ya que no contamos con un sistema de gestión institucional eficaz de seguridad vial ni desarrollamos el enfoque de un sistema seguro.

La Oficina de la Primera Dama de la República pudiera desempeñar un papel interesante en la educación de la seguridad vial con la implantación de un novedoso modelo en el sistema educativo nacional que hemos denominado Red de Ciudades Viales en las principales localidades del país, lo cual requiere una coordinación especial con la Secretaría de Estado de Educación y los Ayuntamientos. Ello transformaría profundamente la cultura de los usuarios de las vías públicas; la aplicación de un programa de desarrollo de este concepto educativo pudiera ser puntal importante de atención a los jóvenes, que constituyen un nicho de mucha trascendencia en la tasa de mortalidad por accidentes en las vías.

El uso de drogas y alcohol en los conductores ha generado tragedias frecuentes en la sociedad, así como el exceso de velocidad propio de la juventud

En una ocasión, se hicieron evaluaciones antidoping a miembros de un sindicato nacional de transportistas, cuyos resultados arrojaron que un 25% de sus choferes usaban sustancias prohibidas, según las notas de prensa. Nadie se inmutó.

Por otro lado, es conveniente mencionar que los hospitales públicos tienen que crear disponibilidades por encima de sus capacidades para poder atender las emergencias y los servicios post-hospitalarios, de ahí la intervención de la Secretaría de Salud Pública.

Nuestras naciones están inmersas en crisis galopantes. Grandes cantidades de dinero tienen que disponerse a siniestralidades evitables en carreteras. La República Dominicana no escapa de esta realidad.

Las Organizaciones No Gubernamentales, en especial las que tienen que ver con víctimas de siniestros de tránsito, hoy día son actores interesantes estimulados por los organismos internacionales para la promoción de la seguridad vial, más aun, fomentan la formación de organizaciones de víctimas por esta causa.

Recientemente fallecieron más de una docena de turistas en un solo accidente de carretera en la Región Este de República Dominicana, por citar un caso. Por eso la participación de la Secretaria de Turismo para promover la seguridad vial.

Mientras tanto pasa el tiempo, y como diría la Declaración de San José, nos estamos quedando sin él.