¿Mantener Las Diputaciones?
Como sucede con el monstruo del lago Ness, periódicamente emerge la idea de suprimir las diputaciones provinciales, creadas tras la organización administrativa de Javier de Burgos en 1833.
A diferencia del enteco armazón político de entonces, ahora hay en España cinco administraciones diferentes, con competencias propias cada una de ellas: municipal, provincial, autonómica, estatal y europea. ¡Casi nada! ¿Resulta justificable tanta proliferación de cargos electos, funcionarios, asesores y demás personal en una situación de crisis económica como la actual?
En Grecia lo han tenido claro: una de las medidas anticrisis ha consistido precisamente en reducir el número de municipios a la tercera parte. En la Comunidad Valenciana, el primero en defender una hipótesis de ese tenor ha sido el conseller Rafael Blasco —la cabeza pensante del nuestro Gobierno autonómico, al decir de algunos— en el programa televisivo El Faro, que conduce con brillantez José Luis Pérez.
Lo cierto es que 217 de los 542 municipios de la Comunidad tienen menos de mil habitantes. Dicho de otro modo, en ellos habita sólo el 1,8% de nuestros conciudadanos mientras que, en cambio, su superficie ocupa el 30% del territorio. ¿Cómo demonios se les puede atender con tan frágil estructura administrativa local?
Para eso, se arguye, están las diputaciones, corporaciones que velan por los municipios más desfavorecidos. Pero ¿no es eso a lo que se dedican hoy día, entre otras cosas, las Comunidades Autónomas? ¿No se ha creado para ello un Fondo de Cooperación Municipal en la reciente Ley de Régimen Local? ¿No contempla esa ley un posible régimen de gestión municipal compartida?
Si eso es así, que lo es, las actuales diputaciones parecen servir más bien a liderazgos geográficos determinados. Es lo que sucede en Alicante con Pitu Ripoll, como contrapoder provincial al valencianismo de Paco Camps, o en Castellón, como territorio de la perenne baronía de Carlos Fabra.
Ese poder provincial era lógico cuando la transición política. Es lo que le permitió al presidente de la Diputación de Barcelona Juan Antonio Samaranch traspasar fondos a la paupérrima Generalitat provisional de Tarradellas, recién llegado entonces del exilio. Recuerdo de aquellos años una anécdota que refleja a la perfección el distinto poder de unos y otros. Estaba yo en el despacho de Joaquín Leguina, primer presidente de la Comunidad de Madrid, realojado como pariente pobre en la sede de la Diputación provincial. Un ujier le trajo una naranjada. "Yo no he pedido eso", dijo, sorprendido, Leguina. "¡Ah! Entonces debe ser para el otro presidente, el de siempre", respondió impertérrito el ujier.
Ahora, insisto, las cosas son muy distintas: frente a la frágil administración de antaño hemos creado otros dos niveles más y mantenido —y desarrollado— entidades tales como mancomunidades de municipios, áreas metropolitanas, confederaciones hidrográficas y muchas otras en una absurda competición por incrementar el número de empleados públicos.
Pues bien. Resulta tan evidente que ha llegado el momento de adelgazar la Administración y de simplificar las cosas, que hasta lo ven así el superministro José Blanco y su protegido valenciano Jorge Alarte. Pero, claro, basta que los socialistas empiecen a admitirlo para que entonces el PP salga en tromba a defender las diputaciones. Así que vuelta a empezar otra vez.
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Las elecciones que se avecinan, para el próximo primero de julio donde elegiremos al próximo presidente de la república mexicana, se presentan como una contienda cerrada donde los candidatos deberá jugarse sus mejores cartas, y donde la ciudadanía con su voto ejercerá supuestamente el papel protagónico.
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Yo estoy indignado porque los políticos se jubilan con maravillosas pensiones por ellos creadas, yo estoy indignado porque cuando salen los políticos de esos lujosos edificios donde se asientan las autonomías españolas (en número de diecisiete, que existen en nuestra "España pobre"),ellos y ellas van elegantemente vestidos como jamás pensaron: con trajes de alpaca los primeros, con modelos ‘loewe' las segundas: todos, desde luego, últimos modelos, y pagados con los dineros de los contribuyentes
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