La Seguridad Nacional Como Politica De Estado
Cual fue realmente el objeto o fin del acuerdo militar por el cual Colombia permite la presencia militar estadounidense en sus bases militares, parece que ha sido, lo último que tuvo en cuenta la Honorable Corte al momento de resolver la legalidad del mismo.
La realidad es que Colombia, identifica a Venezuela y a Ecuador como las amenazas más significativas para su seguridad nacional y dentro de una incipiente visión geoestratégica el acuerdo con los Estados Unidos representa el paso necesario para colocarse a la par de sus vecinos en el nuevo contexto regional de defensa.
Chile, Brasil y Venezuela han diseñado, plateado y desarrollado en diferentes medidas, conceptos de defensa integral que incluyen pactos de cooperación, la adquisición de equipo y material bélico y la firma de acuerdos de colaboración y de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, sentidos en los que se orientan también los recientes convenios firmados por Colombia.
Lo anterior justificaría entonces los esfuerzos del Estado Colombiano en crear una política de defensa completa y coherente, alineándose así a la estrategia de seguridad hemisférica de los Estados Unidos, a pesar de las inquietudes causadas entre sus inmediatos vecinos. Por estas mismas razones no es comprensible la decisión de la Corte, en el entendido de que y frente a los asuntos de seguridad nacional, se esperaría la ayuda y colaboración de todas las Ramas del Poder Público entre sí.
Situación entonces particularmente difícil se presenta ahora para la nueva administración, pues el fallo de la Corte deslegitima la posición de Colombia y de su gobierno no solo al interior del propio País, sino, y peor aún, en el contexto regional.
El Estado Colombiano, no se ha caracterizado por haber desarrollado una política de estado en materia de defensa y seguridad nacional, y los acuerdos firmados en los últimos 15 años, en particular con los Estados Unidos, justificados en la lucha antinarcóticos y contrainsurgente, han sido los primeros pasos que en este sentido se han dado.
La decisión de la Corte, es pues, una pausa forzosa y perjudicial no solo para los esfuerzos del gobierno, sino para los intereses de todos los colombianos. Cuánto durará..??
Erich Saumeth C.
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