Criminalización Social Y Crimen Político

Criminalización social y crimen político

Nino Gallegos

     Con la crisis económica, el paisaje de la sequía en las presas y en el campo, y de fondo, el rebrote-el rebote de la influenza más humana que porcina, la guerra antinarco se ha transformado en una saga televisada, en el México Rojo de la Nota Roja, mediante-una-mediatización que nos viene con el temor, el miedo y el horror, casi en el horror de un Apocalipsis Ahora, a la mexicana, aunque todavía falta el año 2012 de la profecía maya y el proceso electoral presidencial. Mientras y en tanto o mientras tanto, estamos siendo sensibilizados mediáticamente para entender que todo movimiento social de protesta quizás sea un acto de terrorismo, que los atentados y crímenes relacionados con personas que se oponen a las políticas del gobierno de la República, son crímenes ejecutados por sicarios del narcotráfico. Algo se insinuó con la ejecución de Colosio en Lomas Taurinas con el revólver solitario “Taurus” de Aburto, porque tal vez el narco, y no Salinas de Gortari. A López Obrador, no lo asesinaron pero lo fraudearon electoralmente, y desde antes del fraude, lo descalificaron con lo del Mesías Tropical y el Mesianismo a lo Chávez en sus aspiraciones de líder opositor a todo liderazgo oficial e institucional del sistema político mexicano. Los crímenes salinistas contra militantes perredistas, las masacres en Aguas Blancas y Acteal, la represión en Atenco y Oaxaca como criminalización social y el crimen político han sido una constante en los últimos cuatro sexenios presidenciales de los priistas y los panistas, sin descontextualizarlos del levantamiento del EZLN, en 1994.

     La disidencia y la divergencias políticas en un estado de cosas con el estado desmadrado de cosas en el Estado mexicano, han sido calificadas y estigmatizadas como “revoltosas”, “subversivas”, “peligrosas”, y, “terroristas”, sean de la simple protesta a la compleja multitud de protestas, distendiéndose o conteniéndose en la siempre reprobación social que los medios de información y comunicación enjuician y aplican de manera parcial y hasta totalitaria, utilizando la invisibilización mediática. Si la disidencia y la divergencia resisten y persisten quedan fuera o al margen de lo que el poder político y económico impone de acuerdo a sus intereses cívicos, democráticos y civiles, porque el pueblo puede revelarse, pero no, rebelarse. Y revelar al pueblo en la pobreza es por hoy la riqueza de unos cuantos, proyectándose desde la revelación pasiva a la rebelación activa, lo siguiente en una entrevista a Carlos Montemayor “Crecimiento del número de pobres en el país, crisis económica, militares en las calles y empleo cada vez más escaso son factores que avizoran un posible estallido social en México, advertido en los últimos días, lo mismo por cámaras empresariales que por legisladores, expertos internacionales o por el propio rector de la UNAM”. Y si esto se vislumbra para el año 2010, se irá evidenciando la manera en que el gobierno de la República actúa y actuará haciendo de la criminalización social y del crimen político una doble arma de combate, so pretexto de combatir el narcotráfico. De la guerra de baja intensidad en Chiapas contra los pueblos indígenas zapatistas con la absolución de los paramilitares que masacraron a 45 personas, seres humanos, y no nada más indios, en Acteal, el constante asedio militar como el constante estado de alerta con los sentimientos de impotencia que se han generado con esta acción “liberadora” por parte de Suprema Corte de Justicia de la Nación, la situación ha entrado en una etapa crítica y radical porque allí, en Chiapas, desde 1994, la criminalización social y el crimen político han sido el doble rostro, embozado y ejecutor, de los gobiernos de la República, y no el rostro con los pasamontañas y los paliacates de los Caracoles indígenas.

     Las condiciones sociales con las circunstancias históricas para un complejo estallido social, se han venido dando de manera premeditada y precipitadamente con toda la alevosía de la justicia y la ventaja que da la corrupción y la impunidad en los últimos cuatro gobiernos de la República del prianismo. Del entrecruce, que nunca ha sido el choque de trenes, con el pri y el pan, el ¡Diles que no me maten! de Juan Rulfo y La muerte tiene permiso de Edmundo Valadés, no me son un antojo literario nomás paradigmático sino una evidencia social e histórica de lo que la realidad es una trasposición del realismo imaginario crítico que se ha estado re-generando a un nivel de territorialización entre el conformismo del thriller jacksoniano y el inconformismo del México profundo, porque el único país bárbaro es el de los políticos, empresarios y narcotraficantes. La justicia, a la mexicana, purulenta y sanguinolenta por corrupta e impune, siempre ha sido un trasunto a trasmanos de quien como ejecutivo y de quienes como legislativos la politizan y la judicializan de acuerdo a los acuerdos por encima y por debajo de La Ley, y dizque llegar al fondo de las cosas, caiga quien caiga y haiga sido como haiga sido, de lo que reverbera arteramente en la criminalización social y el crimen político.

     Pablo Romo Cedano plantea lo siguiente, y que he extraído de su trabajo de investigación sobre La Criminalización de la Protesta Social en México: “En el nombre del ‘combate al narcotráfico’ y la ‘lucha antiterrorista’ el país deviene un campo de batalla donde los verdaderos criminales permanecen en la impunidad y los líderes sociales son los perseguidos, criminalizados, encarcelados con procesos judiciales frecuentemente absurdos”, siendo los casos de Atenco y Oaxaca con otros conflictos en la RepMex, y lo que es un campo de batalla donde no solamente están las armas y la represión, sino hasta los argumentos de intelectuales, periodistas y analistas políticos como Héctor Aguilar Camín que se asume(n) como la conciencia crítica que devela y revela el caso de los paramilitares liberados por la masacre en Acteal y el crimen del periodista Brad Will, en el conflicto de la APPO con el gobernador estatal de Oaxaca, Ulises Ruiz. “De manera simultánea, se trató de rescribir la historia del crimen de Estado para exculpar ante la opinión pública a sus responsables intelectuales”. Es lo que Luis Hernández Navarro deduce de la masacre en Acteal, y cuando de rescribir la historia del crimen, se ha tratado, los responsables intelectuales y materiales de la acción ejecutada, también por cargo o descargo de esa conciencia crítica se anexan a ellos los argumentos de intelectuales, periodistas y analistas políticos que tienden a negar la criminalización social y el crimen político como crímenes del Estado mexicano.

     En el solar rural y en la antesala urbana del estallido social con el alza hacendaria en los impuestos y los precios en productos energéticos, quién sabe si la inconformidad vaya a ser contenida en su gradual y posible organización desde las bases sociales populares que sí existen y han estado al pendiente de lo que el gobierno de la República hizo, hace y hará: cambie o gire su política económica militarizada, puede que sea más factible el garrote con el golpe de timón en un acuerdo nacional que se ha unido con el beneplácito legitimador del senado que preside el chucho perredista de Carlos Navarrete. Sí, en un país de sombras donde los corruptos son los acomodados y privilegiados del poder político, económico, social y cultural, un chispa que incendie el coraje puede que sea criminalizado con la venia de los intelectuales como Héctor Aguilar Camín y de los políticos como Carlos Navarrete. El coraje que es parte de la impotencia social y del coraje mismo del ser humano, en México tiene la recompensa del garrote y la represión como se acostumbra en países donde el coraje debe ser sometido, contenido e incomprobadamente asesinado y/o desaparecido. En un artículo de opinión: Cuando comunicar se vuelve un crimen, Raúl Trejo Delarbre, expone: “Suena muy drástico y parece difícil de creer, pero el gobierno del presidente Felipe Calderón ha resuelto, en algunos casos, criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión. Eso significa que hay mexicanos a quienes, por ejercer ese derecho, podrían meterlos a la cárcel”. Y lo más jodidamente criminal: que a políticos opositores en el seno de un mismo partido en que militaba como Armando Chavarría, lo asesinen, o, que líderes sociales como Maximiano Barboza, lo atenten a balazos, y que se insinué infamemente que tenían nexos con el crimen organizado de los narcotraficantes, cuando ellos pudieron haberse dado cuenta de que las relaciones con el crimen organizado de los políticos, los jueces y los empresarios, es lo que desde el país en sombras, se identifica y se ejecuta con la criminalización social y el crimen político.