Propuestas Legales

Manuel Bajo* 

El debate sobre la eutanasia se puede abordar desde diversos frentes, empezando por la cuestión de su definición. Pero, es sorprendente comprobar hasta qué punto estamos todos de acuerdo en cuestiones básicas. El caso Ramón Sampedro, protagonista de la última película de Alejandro Amenábar, Mar Adentro, así lo pone de relieve. Salvo algunos que por mantener a ultranza ciertos principios teóricos impondrían penas de prisión a quien ayudó a morir a Sampedro, los demás compartimos la idea de que es un caso extremo en el que ningún papel juegan las penas de prisión. Sin embargo, la decisión de declarar lícito el comportamiento de ayudar a morir –o ejecutar la muerte- de otro es algo que hace temblar la mano del legislador. Esta actitud temerosa disiente de una amplia opinión social como lo prueba el éxito nacional e internacional de la película de Amenábar. Creo que hay que aplicar imaginación al problema tratando de dar pasos cortos que puedan ser asumidos por todos. Y esto se consigue respetando la libertad de otro. El punto de partida lo proporciona la Ley que no castiga al suicida, es decir, no impone una pena a quien ha intentado darse muerte. Sólo se castiga a quien induce o participa con actos necesarios en el suicidio. Debemos ahondar por esta senda de respeto a la voluntad ajena y, después del agere ficere que reconoce nuestro Tribunal Constitucional en el suicida, -es decir, la libertad de hacer-, hay que continuar por respetar la libertad de elección del tratamiento para finalizar por considerar ajenos al Derecho Penal los casos en los que la última decisión de morir la tenga exclusivamente el suicida. Veamos. La impunidad del acto suicida es una constante histórica de nuestro Derecho. Hoy nos parece sumamente extraño que en Inglaterra se haya castigado el suicidio hasta los años sesenta del siglo XX. A todos nos parece natural que la voluntad de morir no provoque reacción punitiva alguna y que, por tanto, no se castigue a quien haya intentado su propia muerte. Pero no tiene la misma evidencia la renuncia al tratamiento. Renunciar al tratamiento significa, por ejemplo, que aquel enfermo terminal que no quiera ver prolongada su agonía pueda solicitar ser tratado exclusivamente con fármacos que le alivien el dolor y le preparen para una muerte dulce. Hasta hace muy poco la Ley General de Sanidad Española obligaba al alta hospitalaria a quien se oponía al tratamiento propuesto por el médico, perdiendo, además, prestaciones de la seguridad social. Las reformas del presente siglo de las legislaciones estatales y autonómicas admiten con mayor amplitud la oposición al tratamiento, aunque finalmente el Juez decide si el paciente debe o no permanecer en el hospital. Mi propuesta sería que la Ley regulara la permanencia en el hospital del enfermo que, en situación eutanásica (pronóstico de muerte próxima y sufrimientos de difícil asunción), se opone al tratamiento salvador. Finalmente, debe aclarase definitivamente por vía legal que no es punible ninguna cooperación al acto suicida cuando quede acreditado que la última decisión de morir quedó exclusivamente en manos del paciente. Caso paradigmático es el de Ramón Sampedro que filma su propia muerte para que quede meridianamente probada esta cuestión. Este resultado podría lograrse con el texto punitivo actual mediante la interpretación jurisprudencial, porque la ley no castiga el auxilio al suicidio si no es “necesario”. Debe esperarse del Tribunal Supremo que interprete como “no necesario” aquél auxilio, de la clase que fuere, que permita al paciente decidir, con resolución fundada y válida, sobre su propia vida. Dicho de otro modo, aquellos casos en los que el propio paciente, consciente y lúcido, es su propio ejecutor. Creo que sobre estos tres puntos no sería difícil encontrar consenso y sería un gran paso en la difícil cuestión de la eutanasia. Para más adelante quedaría la ampliación de los supuestos eutanásicos a todos los casos de sufrimientos insoportables sin una muerte próxima, y el complejo problema de la eutanasia de los neonatos que, por definición, no pueden manifestar su voluntad. 

*Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid