Primero Es El Derecho A La Vida

Carlos Miguélez*

El gobierno estadounidense ha matado a mil personas desde 1976 con la pena capital. Kenneth Boyd y Shawn Humphries son las últimas víctimas. Desde que hace treinta años se restableció la pena de muerte en EEUU, una persona ha sido electrocutada o envenenada con una sustancia letal cada diez días.



El gobernador de Virginia, Mark Warner, le acaba salvar la vida a Robin Lovitt. Algunas pruebas en su contra fueron destruidas durante el proceso de apelación.



Sin embargo, 1999 marcó un cambio cuando se alcanzó el récord de ejecuciones (98 muertos) y después varias investigaciones judiciales y algunas pruebas de ADN han demostrado la inocencia de muchas personas ejecutadas y la negligencia con la que se han manipulado y tratado estas pruebas: ya ha disminuido en un 40% el número de penas capitales.



En 2002, la Suprema Corte de Justicia prohibió la ejecución de personas con retraso mental y, en marzo de este año, de personas menores. Estas medidas y la reticencia de muchos jueces a condenar a muerte podrían suponer el principio del fin de la pena capital.



Aún así, el 64% de los estadounidenses está a favor de la pena de muerte, según Gallup. Un porcentaje similar considera que las creencias religiosas de su presidente son importantes. La religiosidad tiene un enorme peso a la hora de votar. El escándalo que se produjo por el affaire de Clinton con Monica Lewinsky demuestra que, para muchos norteamericanos, la infidelidad es más grave que firmar la muerte de casi 200 personas, como lo hizo George W. Bush como gobernador de Texas; esto supone una quinta parte de todas las penas capitales desde 1976.



Treinta y ocho estados norteamericanos autorizan la pena de muerte, pero pocos la aplican. Tan sólo los estados del Sur, junto con Virginia, han efectuado la mitad de las ejecuciones. Muchos hombres de ese mismo Sur sembraron el terror, cubiertos hasta la cabeza con mantas blancas, con una gran cruz en una mano y una antorcha para prender fuego a las casas de los negros. Esto fue hace ya muchos años, pero hoy tiene más probabilidad de ser condenado a muerte un negro o un latinoamericano antes que un blanco por el mismo crimen. No sólo la raza del criminal resulta determinante, sino también la de las víctimas. En Texas, el 80% de las ejecuciones se ha producido por asesinatos a personas blancas. Quizá Warner no quiso ser el gobernador que convirtiera a un negro en el mártir número mil y por lo mismo indultó a Lovitt. Quizá abrió los ojos ante la injusticia.



La violación del derecho más sagrado y más básico de las personas, el derecho a la vida, no se respeta en 75 países del mundo, algunos de los cuales matan a las personas acusadas por homosexualidad.



Pero choca más que la pena de muerte se practique en EEUU, pues su gobierno argumenta que la tortura de supuestos terroristas y la invasión a otros países son sacrificios necesarios para extender la libertad y la democracia. Pero es imposible hacer fuera de casa lo que no se hace dentro de ella, como es imposible que haya libertad en un país cuyo gobierno quita vidas.



Se habla de extender la libertad y los valores “occidentales”. Las sociedades de todos los países “desarrollados” repudian el asesinato. ¿La pena de muerte no es una forma de asesinato? Antes de que el Estado lo reconozca, los hombres nacen con el derecho a la vida. Por eso tanta gente y tantas organizaciones humanitarias se oponen a que se vulnere ese derecho. Sin tocar el campo de lo moral, estudios recientes incluso refutan el argumento de que la pena de muerte disuade a los criminales.



¿Qué habrán sentido Boyd y Humphrey cuando caminaron por un largo pasillo de cemento gris y liso? Vivieron el mismo día todos los días durante años, con la conciencia de que el momento de su muerte en manos de otro llegaría. ¿Puede haber más grande tortura que la de esperar ese momento? Quizá ni sus familiares hayan estado en el cuarto contiguo para ver cómo una persona los esperaba para quitarles la vida en nombre de la justicia.

* Periodista