El Cuarto Pilar Del Estado De Bienestar

José Carlos García Fajardo*

El Gobierno español ultima La ley de dependencia o autonomía personal, que implica el derecho universal de toda persona dependiente -esto es, que no se vale por sí misma, 1.3 millones de españoles- a ser atendidos por el Estado. ¿Quién dijo que todo está perdido? En estos días abundaron las justificadas críticas ante los Informes del Instituto Nacional de Estadística sobre la situación de los ancianos dependientes y de ese terrible 20% de españoles considerados los más pobres de nuestra sociedad. Ha sido unánime el clamor para que se dé prioridad a su derecho fundamental a ser atendidos por el Estado. Y si alguien podía ponerle remedio es el Gobierno con el Parlamento sostenidos por este clamor de la opinión pública.



Ahora es el momento de llevar adelante este proyecto de Ley tan soñado, más que esperado. Para mí es como un milagro porque se ha demostrado que otra convivencia social es posible cuando es necesaria. Por lo que más quieran: ¡que no lo estropeen los políticos con sus miserables rencillas partidistas! Y a las autonomías, que tanto han luchado porque les fuesen transferidas tantas competencias como si en ello les fuera la vida, corresponde ahora mostrarse solidarias y eficaces, pues a ellas les toca contribuir a esta reforma trascendental con el 50% de su coste. Es natural porque la Ley se va a aplicar en todo el territorio nacional sin excepción. Los intereses políticos no pueden triunfar por encima de los derechos de los más necesitados que sólo parecen servir para ser arrojados como mercancía electoral.



Esto en un país que se tiene por adelantado y presume de ser la 11ª potencia económica del mundo. El Gobierno quiere equiparar este derecho con la sanidad, la educación o las pensiones porque está convencido de que esta reforma cambia de raíz el Estado del bienestar. Se trata de garantizar a toda persona que no pueda valerse por sí misma por problemas de movilidad o enfermedad el mismo derecho universal a ser atendidos que tienen todos los ciudadanos a la sanidad, la educación, o las pensiones. Por eso le llaman el cuarto pilar del Estado del Bienestar. Sólo el 6,5% de las familias que cuidan a personas dependientes cuenta con el apoyo de los servicios sociales. Además, el 83% de los familiares que dedican prácticamente su vida a cuidar a las personas dependientes son mujeres, con lo que está ley tendrá implicaciones mayores en cuanto a la política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que promueve el Ejecutivo.



De momento, el Ejecutivo ya cuenta con 200 millones de euros, incluidos en los Presupuestos de 2006, para poner en marcha la reforma. Habrá una declaración que recoja el derecho universal a la prestación con un coste muy importante, pero es una necesidad sentida por toda la sociedad que ahora deberá ser coherente y arrimar el hombro. La admisión a este sistema tiene un filtro en función de la renta y patrimonio. Los que puedan permitirse una asistencia privada no serán incluidos, es justo. Habrá un sistema de valoración único en toda España que evite agravios.



Además, la reforma abre una gran oportunidad de trabajo para la atención a los dependientes. Hasta 200.000 nuevos empleos que generarán ingresos del Estado con sus impuestos y podrán paliar el coste.



Las prestaciones incluirán ayuda a domicilio, tele asistencia y nuevos centros de día -sólo el 3,14% de los mayores de 65 años acceden a la primera, el 2,05% a la segunda y el 0,46% tienen plaza en un centro de día-, la habilitación de nuevas plazas en residencias y las ayudas a las familias que se dediquen por completo a cuidar de sus enfermos o discapacitados.



Es preciso formar un batallón de insumisos ante esta miserable crispación de la vida política. Con carteles, con pintadas, con testimonios y llamadas y cartas a los medios de comunicación. Que comprueben que estamos alerta y que no queremos esperar a las campañas electorales para que nos empalaguen con promesas inanes. Aquí y ahora tenemos un Proyecto de Ley que será presentado por el Gobierno a su aprobación por el Parlamento. Ahora comprobaremos si el tan cacareado Estado de las autonomías, de las naciones y de las patrias es más eficaz que otras opciones contrastadas en Europa.



Por sus obras los juzgaremos y no por sus promesas electorales que producen cada vez un mayor absentismo de los votantes. Por los pobres, por los ancianos dependientes, por nuestros mayores con pensiones de muerte no podemos claudicar. Nosotros podemos ser su voz, esa voz que ya no se atreven a musitar por la vergüenza de su estado y porque, como me dijo un día un preso en Segovia: "Estamos tan acostumbrados a perder que, cuando algo nos sale bien, nos mosquea". Como si fueran nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros seres más queridos no podemos callar. ¿Quién dijo que todo está perdido? Nosotros podemos aportar el esfuerzo sostenido de nuestra convicción.

* Profesor de Pensamiento Político (UCM) y Director del CCS