La Iniciativa Para La Transparencia De Las Industrias Extractivas

Esta iniciativa fue lanzada por el entonces primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, realizada en Johannesburgo en septiembre del 2002. Esta propuesta se sustentó en la premisa de que el uso prudente y transparente de los ingresos derivados de la extracción de recursos naturales puede ser una base para el desarrollo económico sostenible, especialmente en aquellos países donde dichos recursos constituyen una parte importante de los ingresos públicos totales. En la Primera Conferencia Internacional de la EITI llevada a cabo en Londres en marzo del 2003 se instó a gobiernos, empresas y grupos de la sociedad civil a desplegar esfuerzos conjuntos para promover una mayor transparencia en los ingresos percibidos por los gobiernos a partir de dichas actividades.

La preocupación por el tema de los beneficios de las industrias extractivas no es reciente. Una visión histórica de la experiencia de muchos países en vías de desarrollo llevó a acuñar la frase “la maldición de los recursos naturales”: la mayoría de los países ricos en recursos naturales no alcanzan el esperado desarrollo debido a la corrupción endémica, sus disputas internas y la ineficiencia en la gestión de los beneficios de las actividades extractivas. La corrección de esta correlación perversa entre la gran potencialidad de los recursos naturales y la persistencia de los niveles de pobreza es lo que constituye, en última instancia, el objetivo de la EITI.

En septiembre del 2004, el entonces ministro de Energía y Minas, Jaime Quijandría comunicó a James Wolfenson, presidente del Banco Mundial, que el gobierno peruano se había comprometido a reforzar los mecanismos de transparencia y mejorar la administración de los ingresos de las industrias extractivas, solicitando asistencia al banco y al Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID, por sus siglas en inglés), entidades que asumieron el liderazgo de la EITI, para viabilizar la adhesión del Perú a la iniciativa, la cual se formalizó en mayo del 2005.

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), a través de su entonces Centro de Transferencia Tecnológica (hoy INNOVAPUCP, Centro de Consultoría y Servicios Integrados) se involucró como impulsor de la iniciativa dentro del grupo de la sociedad civil. La participación de la PUCP se respaldaba por su experiencia de llevar adelante el proyecto Ventana Pública, portal de transparencia para Gobiernos Locales –lanzado inicialmente en las Municipalidades Provinciales de Huamanga, Cajamarca y San Martín– para promover la vigilancia ciudadana sobre el manejo de los recursos públicos.

El consultor del centro, Donald Tarnawieki, elaboró la primera versión del Plan de Acción del EITI en el Perú en abril del 2005. En mayo del 2006 se aprobó dicho plan y se formó la Comisión de Trabajo encargada de llevar adelante el proceso en el país. La comisión está integrada por representantes del Estado (Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía y Finanzas), de las industrias extractivas (minería e hidrocarburos, incluyendo también a un representante de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía) y de la sociedad civil (ONG y universidades; la PUCP, a través de INNOVAPUCP, continúa participando en la comisión).

Sin duda, el camino para la ejecución del Plan de Acción ha sido largo y no sin obstáculos en su recorrido. Completado el proceso de elección de los miembros de la comisión, aparecieron las dificultades operativas.

Si bien parece sencilla la idea de conciliar las cifras entre lo que las empresas extractivas dicen pagar al Estado y lo que este dice recibir, la manera de llevar a cabo esta conciliación no es fácil; la reserva tributaria ponía límites a dar a conocer los pagos de las empresas y demoró un tiempo en consensuar el mecanismo adecuado. Pero, sin duda, el principal obstáculo –hay que decirlo– ha sido la falta de acuerdo en lo que se dio en llamar la calidad del proceso de EITI en el país.

En efecto, mientras los integrantes de la sociedad civil abogaban por la diseminación de los resultados de la conciliación a nivel desagregado (por empresa), los representantes de las empresas postulaban una diseminación agregada. Es importante señalar que en la vigilancia de las actividades extractivas en el país, hay instituciones como Propuesta Ciudadana (con representación en la Comisión de Trabajo), que emiten informes de manera desagregada por empresa; por lo demás, las empresas extractivas que cotizan en la bolsa de valores dan a conocer sus pagos también en forma desagregada.

Ante este panorama, los representantes de la sociedad civil en la Comisión de Trabajo han insistido en que la conciliación de pagos e ingresos de manera agregada representaría un retroceso en la calidad del informe nacional.

Finalmente, a fin de no frustrar el proceso, se dejó en libertad a las empresas para definir su participación en la iniciativa autorizando o no la difusión individualizada de sus pagos.

Con todos estos obstáculos, la adhesión de las empresas a la iniciativa ha sido bastante lenta. Pese a las reiteradas invitaciones oficiales, tanto por parte de la Comisión de Trabajo como del propio Ministro de Energía y Minas, a la fecha solo 17 empresas han aprobado su participación en la iniciativa: 13 del subsector minería (55% de la producción) y 4 del de hidrocarburos (12% de la producción). Hay que recordar que se ha establecido en un mínimo del 75% del valor de la producción para garantizar la representación de las empresas en la validación de los datos a nivel país.

El Plan de Trabajo para el proceso de EITI Perú incluye, además, del estudio de conciliación a nivel nacional, la realización de dos programas piloto a nivel regional en los que se focalizará tanto el cálculo del canon, regalías y derecho de vigencia y su distribución, así como el uso de los recursos económicos transferidos a las regiones seleccionadas. En otras palabras, estos programas incidirán fundamentalmente en evaluar la calidad del gasto de los recursos generados por las actividades extractivas. Las regiones seleccionadas han sido Cajamarca y Cusco.

El proceso es lento y se espera poder concluir el estudio de conciliación a nivel nacional a fines de mayo de este año. De acuerdo al Plan de Trabajo, antes de fin de año debe haberse completado el proceso de validación que, según la metodología del EITI, debe ser realizado por una agencia externa.

Sin duda, los plazos están bastante apretados para poder completar todo el proceso antes del 10 de marzo del 2010, plazo límite para pasar de la condición de país candidato a la de país cumplidor de la EITI (a la fecha, 24 países que han iniciado su proceso están en la condición de candidato y solo uno –Azerbaiyán– ha logrado el sello de cumplidor).

Pero más allá del logro de la meta, está el compromiso de las organizaciones de sociedad civil –y la PUCP dentro de este grupo en la Comisión– de continuar fortaleciendo iniciativas como la del EITI que apuntan a alejarnos de la perversa maldición de los recursos naturales y podamos ver transformados los recursos generados por las industrias extractivas en verdaderas expresiones de desarrollo, particularmente en los sectores más necesitados del país.