Daño Proyecto De Vida

Posteado: 30/09/2011 |Comentarios: 0 | Vistas: 495 |

CONSIDERACIONES SOBRE EL DAÑO AL PROYECTO DE VIDA SEGÚN LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Antes de abordar el tema es preciso delimitar el concepto de lo que se entiende por Proyecto de Vida. Para Carlos Fernández Sessarego lo conceptúa señalando: "El daño al proyecto de vida, […] incide sobre la libertad del sujeto a realizarse según su propia libre decisión  […] es un daño de tal magnitud que afecta, por tanto, la manera en que el sujeto ha decidido vivir, que trunca el destino de la persona, que le hace perder el sentido mismo de su existencia". La frustración del proyecto de vida puede generar consecuencias devastadoras en tanto incide en el sentido mismo de la vida del ser humano, en aquello que lo hace vivir a plenitud, que colma sus sueños, sus aspiraciones, que es el correlato de ese llamado interior en que consiste la vocación personal. Cada ser humano vive "según" y "para" su proyecto existencial. Trata de realizarse, de concretarlo, de convertirlo en una "manera de vivir", en su cardinal modo de existir.[1]   El "proyecto de vida" es posible sólo en tanto el ser humano es libre y temporal.  Y surge […] de una decisión libre tendiente a realizarse  en el futuro mediato o inmediato […] Libertad y tiempo son, por consiguiente, los dos supuestos existenciales del proyecto de vida.[2]

A su turno, Jorge Calderón Gamboa plantea la discusión del tema "partiendo de lo que, tradicionalmente, el Derecho ha reconocido dos tipos de daños: los materiales y los morales, dejando atrás otras afectaciones que se producen en las personas. Refiere que en los casos de violaciones a los derechos humanos, en ocasiones, además de las afectaciones materiales y morales a las víctimas, son vulnerados ámbitos de carácter óntico que se depositan en su desarrollo personal o proyectivo, y que modifican radicalmente su devenir.  Y agrega, manifestando que el daño al proyecto de vida consiste en una vulneración a la realización personal de la víctima por medio de una afectación a su libertad para conducir el proyecto deseado. Se enfatiza que el reconocimiento de este daño es fundamental, ya que deriva de la esencia misma del ser humano." (http://www.cdhdf.org.mx/index.php?id=dfeago05libre - Reparación del daño al proyecto de vida por violaciones a derechos humanos, Col. Breviarios Jurídicos, Núm. 26, Ed. Porrúa, México, 2005)

En ese sentido se puede señalar que el elemento común, del cual particularmente coincido, al afirmar que el daño al proyecto de vida es la afectación de la persona en su libertad, y consecuencia de ello es la mutilación a la realización personal de la víctima.   Ya que sin libertad no se puede ejercer a plenitud sus derechos garantizados, y que así mismo esta libertad actúa en un tiempo, por ello su naturaleza temporal.

            Ahora bien, sobre el tema existe jurisprudencia que ha desarrollado la CorteInteramericanade Derecho Humanos, con jurisdicción internacional, donde se ha reconocido que constituye una noción distinta del daño patrimonial: daño emergente y del lucro cesante, entendido el primero como "la pérdida o disminución que experimenta una persona en su patrimonio como consecuencia de un evento dañoso" […] y el último como "la privación de las ganancias que deja de percibir la persona por la lesión a su patrimonio productor de renta o por una lesión a la persona que la incapacita para generar renta" […] [3]; en ese sentido el daño al proyecto de vida va más allá, ya que atiende a la realización integral de la persona afectada, teniendo en cuenta sus actitudes, vocación, aspiración y potencialidades que le permiten fijarse determinadas expectativas y metas, así como el de poder acceder a ellas.  Así, en el caso Loayza Tamayo vs. Perú, se da una mayor proyección a la víctima, estableciendo no solo la reparación del daño material y moral, padecido por la víctima de violaciones a los derechos humanos cuando ésta se encontraba detenida, en dicha resolución se admite la autonomía conceptual del daño al proyecto de vida, afirmando que "se asocia al concepto de realización personal que a su vez se sustenta en las opciones para conducir la vida y alcanzar el destino propuesto. Por ende, la pérdida de dichas opciones es reparable aún cuando no se trate de un resultado seguro sino probable – no meramente posible- dentro del natural y previsible desenvolvimiento del sujeto, que resulta interrumpido y contrariado por hechos violatorios de sus derechos humanos" (http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_42_esp.pdf) - Caso Loayza Tamayo Vs. Perú.   Sentencia de 27 de noviembre de 1998)

            En otro antecedente jurisprudencial es el caso "Bulacio Vs. Argentina", en ella se señala: "Se supone que el Estado es un garante, o bien, un tercero de apelación en el "contrato social entre los ciudadanos y las instituciones del Estado". Ante una intromisión de éste se produce una afectación en la subjetividad de la familia, es decir, en sus proyectos de vida y, en definitiva, en su pertenencia a ese espacio social, con los consecuentes daños psicológicos. Es por ello que "sólo el Estado puede devolverle la justicia a estos familiares…, [y] un lugar en la sociedad" (http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_100_esp.pdf) - Corte Interamericana de Derechos Humanos, 18/9/2003, "Bulacio c/ Argentina" LL 2004-A-682, 3.).  En este caso,la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Argentino por violación del derecho a la vida, a la libertad e integridad personal, y al no ser posible la "restitutio in integrum" (Máxima latina que significa la restauración de la condición original) la reparación se realizó, "inter alia" (Expresión latina que significa: entre otras cosas), según la jurisprudencia internacional, y se otorgó una compensación pecuniaria juzgada según la equidad, señalándose que la misma debe consistir en una "justa indemnización"  […]

 Lo señalado significa que la reparación del daño causado por la infracción de una obligación internacional requiere, en primera instancia, y siempre que resulte factible, la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación, y en el caso que no fuere posible, corresponderá al Tribunal internacional ordenar que se adopten medidas para que, además de garantizar el respeto de los derechos violados y conculcados, se reparen las consecuencias que produjeron las infracciones y se efectúe el pago de una indemnización como compensatorio de los daños ocasionados a la víctima o familiares de ésta.

             Otro caso que también sienta un precedente es el caso de Cantoral Benavides – estudiante de biología de la Universidad Mayorde San Marcos detenido arbitrariamente permaneciendo encarcelado por cuatro meses y diecinueve días, padeciendo tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, lo que le causo daños físicos y psicológicos, en ella la Corteen el numeral 60 señala: "Es, por otra parte, evidente para la Corte, que los hechos de este caso ocasionaron una grave alteración del curso que normalmente habría seguido la vida de Luis Alberto Cantoral Benavides. Los trastornos que esos hechos le impusieron, impidieron la realización de la vocación, las aspiraciones y potencialidades de la víctima, en particular, por lo que respecta a su formación y a su trabajo como profesional. Todo esto ha representado un serio menoscabo para su "proyecto de vida" (http://www.tc.gob.pe/corte_interamericana/seriec_88_esp.pdf - Caso Cantoral Benavides Vs. Perú -Reparaciones)  

 En la referida sentencia, la Corte Interamericana extendió la protección del Derecho a la víctima, al establecer, inter alia, el deber estatal de proporcionarle los medios para realizar y concluir sus estudios universitarios en un centro de reconocida calidad académica. Lo cual constituye una forma de reparar el daño afectado a su proyecto de vida, con lo cual permitirá la rehabilitación de la víctima.

 Cabe señalar que el fundamento por el cual la Corte Interamericanade Derechos Humanos sustenta la regulación de este tipo de daños, es el artículo 63.1 de la Convención Americana.  En el se ampara un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente.   Por ello al pronunciarse en materia de reparaciones la CIDHha sostenido que al producirse un hecho ilícito atribuible a un Estado "surge la responsabilidad internacional de éste por la violación de la norma internacional, con el consecuente deber de reparar y hacer cesar las consecuencias  de la violación" (Caso Bulacio Vs. Argentina); y que la obligación de reparar, que se regula en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el derecho internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado invocando disposiciones de su derecho interno (http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_esp.pdf - Caso Tibi, supra nota 3, párr. 224; Caso "Instituto de Reeducación del Menor", supra nota 3, párr. 259; y http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_111_esp.pdf Caso Ricardo Canese, supra nota 3, párr 194.); y así mismo corresponderá al CIDH vigilar el cumplimiento de sus decisiones, hasta que el Estado responsable internacionalmente haya dado fiel cumplimiento a las reparaciones decididas. Tal como se puede apreciar en su sentencia de 28 de noviembre de 2003, que declara que "es competente para supervisar el cumplimiento de sus decisiones", donde se pronuncia en el Caso Baena Ricardo y otros (270 trabajadores vs. Panamá)  competencia. (http://www.tc.gob.pe/corte_interamericana/seriec_104_esp.pdf  - Caso Baena Ricardo y otros -270 trabajadores vs. Panamá-)

 Por último, manifestar que la corte además de las medidas de reparación dispuestas para resarcir el daño a través de una indemnización, puede señalar otras medidas de reparación.  Por ejemplo:

- Se efectúe un reconocimiento simbólico destinado a la recuperación de la memoria histórica del señor Gómez Palomino, en consulta con los familiares de la víctima,

- Modifique el artículo 320 del Código Penal que tipifica el delito de desaparición forzada, de modo de hacerlo compatible con la Convención Interamericanasobre Desaparición Forzada. (http://www.tc.gob.pe/corte_interamericana/seriec_136_esp.pdf - Caso Gómez Palomino vs. Perú – Sentencia 22 de noviembre de 2005 - Párrafo 116 parágrafo g) puntos IV y V.)  

 Como se aprecia, el Estado además de resarcir el daños, debe cumplir otras disposiciones indicadas por la corte, en este caso a la fecha no se ha cumplido con la recomendación del CIDH, ya que se mantiene la redacción del Art. 320 el Código Penal, y que a juicio de la corte confunde al interprete al momento de adecuar la conducta del presunto responsable en la etapa respectiva de procedimiento penal, además señala que sólo se considera como sujeto activo al funcionario público, excluyendo de la autoría del hecho a los particulares que actúan con el apoyo o la aquiescencia del Estado.  

 [1] Deslinde conceptual entre "daño a la persona", "daño al proyecto de vida" y "daños moral".  Carlos Fernández Sessarego (articulo publicado en la revista "Foro Jurídico", Año 1, N° 2, editada por alumnos dela Facultad de Derecho dela Pontificia Universidad Católica del Perú, julio de 2003).

 [2] Los Derechos del Hombre – Daños y Protección ala Persona.- 17-24 pp

Ediciones Jurídicas Cuyo (Coordinador Carlos A. Ghersi) Daño al Proyecto de Vida.- Fernández Sessarego (Perú) 1996 - 562 páginas.

[3] El daño moral en Iberoamérica

Escrito por Gisela María Pérez Fuentes, Gisela María Pérez Fuentes et al.   Editor.- Univ. J. Autónoma de Tabasco, 2006. pp. 255.

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