El Consejo Nacional De La Magistratura:“Consessu Omnium”

Posteado: 27/08/2008 |Comentarios: 1 | Vistas: 2,401 |

Notas Preliminares: Una de las prioridades inaplazables de la sociedad latinoamericana de nuestros días es el fortalecimiento del Estado de Derecho, como presupuesto básico para lograr el ambiente de gobernabilidad que requiere el proceso de desarrollo. Esta tarea empieza --claro está-- por el fortalecimiento de la administración de justicia, como instrumento esencial para lograr el orden social, la preservación de los derechos fundamentales y las libertades ciudadanas, la convivencia pacifica de los pueblos y la certeza legal que reclaman los inversionistas. En este sentido, desde finales de la década pasada, en particular, se ha puesto en marcha en América Latina una reforma judicial de características similares en los distintos países de la región. Dentro de este proceso de reforma, ha surgido el debate acerca de cual es el modelo ideal de administración del Poder Judicial, en cuyo centro de discusión se encuentra el tema de los Consejos de la Magistratura, entes que surgen en el sistema continental europeo en el período de la posguerra bordeando el año 1950; mientras que en el Perú su primer antecedente data desde 1968 cuando el gobierno militar creó en 1968 un Consejo de la Magistratura para "asegurar la selección y disciplina de los jueces". Según el Artículo 150º de la norma normarum peruana, el Consejo Nacional de la Magistratura (en adelante CNM) se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales, salvo cuando éstos provengan de elección popular, como los jueces de Paz. Como se puede apreciar, la norma constitucional limita al CNM para los solos efectos de administrar la carrera judicial y en especial ejercer el jus nominandi o postulandi dentro del sector. Es decir constituye un órgano especializado en el recurso humano y tienen par fin específico preservar la independencia de la judicatura en el ámbito de la designación, promoción y disciplina de los servidores judiciales. En tal sentido, sus pilares se estructuran sobre la necesidad de construir una barrera institucional que evite la ingerencia política en la integración de las Cortes. Dentro de las funciones específicas que se ha encargado a este consejo tenemos las siguientes: • Nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto conforme de los dos tercios del número legal de sus miembros. • Ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Los no ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. El proceso de ratificación es independiente de las medidas disciplinarias. • Aplicar la sanción de destitución a los Vocales de la Corte Suprema y Fiscales Supremos y, a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias. La resolución final, motivada y con previa audiencia del interesado, es inimpugnable. • Extender a los jueces y fiscales el título oficial que los acredita. En el caso de Perú, en la conformación de su Consejo Nacional de la Magistratura, está representada la institucionalidad del País: Poder Judicial, Ministerio Público, Colegios Profesionales y Universidades Públicas y Privadas. Está conformado por siete integrantes a quienes se denomina Consejeros. Sin perjuicio que más adelante volvamos sobre esta cuestión (en el epígrafe correspondiente a la forma de elección de los miembros de los diferentes Consejos), los mismos son elegidos: Uno, por los miembros titulares de la Corte Suprema de la República. Uno por los miembros titulares de Junta de Fiscales Supremos. Uno por los Rectores las universidades nacionales. Uno por los Rectores de las universidades particulares. Uno por los agremiados en los distintos Colegios de Abogados del País. Dos son elegidos por los agremiados en los demás colegios profesionales del país descontados los colegios de abogados. Como se puede apreciar, al CNM se le ha extendido una función medular, dentro del esquema organizacional, no solo en el sector justicia sino en la vida social y jurídica de nuestro país; toda vez que la reforma del Estado aparece en la mayoría de los países de la región como un prerrequisito para el desarrollo sostenible y la gobernabilidad. En ese mismo contexto y de manera simultánea, la necesidad de la reforma del sistema de justicia ha venido consolidándose como parte del conjunto de actividades prioritarias para garantizar tanto la vigencia del Estado de Derecho como la independencia del Poder Judicial. Pese que en la práctica se haya pasado por alto su trascendencia, jamás se ha podido desconocer la impartición de justicia como la más básica de las responsabilidades del Estado. Lo manifestado, de un lado nos revela que existe una realidad concreta en nuestro país, cual es la transformación de la justicia, y de otro que, en dicha transformación el Consejo Nacional de la Magistratura tiene una participación de singular importancia. Con relación al primer aspecto, para nadie es un secreto el estado en que se encontraba la administración de justicia en nuestro país en la década pasada, en que la falta de magistrados titulares permitió la concurrencia de la corrupción generalizada, con falta de independencia y la consiguiente inseguridad jurídica derivada de las resoluciones dictadas en el marco de un Poder Judicial y Ministerio Público, prácticamente maniatadas por el poder político. Es justamente en este último aspecto, del control político sobre los organismos encargados de administrar justicia, que empieza la labor o el rol del Consejo Nacional de la Magistratura. Dada la composición del CNM, se observa con claridad su desvinculación de los organismos de control político, básicamente los poderes Legislativo y Ejecutivo, de manera que se da a la sociedad civil a través de sus instituciones más representativas, la oportunidad de participar en el quehacer de la justicia en el Perú. En este sentido, el Consejo Nacional de la Magistratura, se ha constituido en uno de los mecanismos que la Constitución Política ha dispuesto para que la ciudadanía pueda realizar una auditoría social de la función de administrar justicia a cargo de jueces y fiscales. En palabras del Doctor La Hoz Lora, la situación de la justicia en el Perú ha constituido un reto para el Consejo Nacional de la Magistratura, en la medida que ha sido necesario ir delineando paso a paso los nuevos contornos del Estado Democrático de Derecho, muchas veces sin que se entienda a cabalidad la labor desplegada. Desde que se restablecieron sus facultades constitucionales en noviembre del 2000 con la entrada en vigencia de la Ley N° 27368, esta ley ha permitido que el Consejo de inició a una serie de acciones que se encuentran orientadas directamente a fomentar cambios dentro de la denominada “reforma de segunda generación”, que alcanza a la estructura del estado y, dentro de ella, a la “Administración de Justicia”, pilar fundamental de un estado democrático de derecho que, como el nuestro, busca constantemente mediante una impartición de justicia eficiente y oportuna, responder a las exigencias de igualdad de oportunidades ante los órganos de justicia que demanda la ciudadanía. La Provisionalidad: Un hijo predilecto de la Administración de Justicia en la Década del 90’: El problema de la provisionalidad se generó con el autogolpe del 5 de abril de 1992 cuando, a través de decretos leyes, el régimen de facto destituyó a la mayor parte de magistrados titulares del país. Sin lugar a dudas el tema de la provisionalidad, adquiere una significativa importancia, dado que esta circunstancia se generalizó en la década pasada, con la consecuencia de contar con jueces y fiscales inseguros, obviamente carentes de independencia, removibles a voluntad de los órganos de gobierno y directamente vinculados con el poder político y altamente susceptibles de vincularse con elementos de corrupción, sea directa como indirectamente, bien por prevendas, bien por recomendaciones, pero en cualquier caso en la búsqueda del beneficio personal como meta de la justicia, y no de la colectividad, que es el verdadero sentido que le corresponde al ejercicio de la magistratura. (Idem 2) El tema de la selección y nombramiento de magistrados es un tema fundamental, teniendo en cuenta que la provisionalidad se convirtió en característica primordial del Poder Judicial y del Ministerio Público en la década pasada. Frente a esta situación no podemos, en forma irresponsable, simplemente nombrar a ciegas. Se hace necesario que las etapas del proceso cubran aquellas expectativas racionalmente esperadas por la sociedad civil y la población en general, de modo que se asegure un cuerpo de magistrados idóneo. Serán finalmente éstos quienes, con su accionar y su comportamiento en el cargo efectivo, demostrarán que fueron merecedores de la distinción de ser nombrados como Jueces o Fiscales; caso contrario se verán sometidos a los procesos disciplinarios correspondientes y a la sanción que amerite un accionar que contraríe un comportamiento adecuado en el aspecto funcional y en la idoneidad para el cargo en que se encuentren. He aquí la trascendente función del CNM, órgano constitucional, de carácter eminentemente técnico, que sintetice la representación del pueblo, a través de una función delegada a la sociedad civil en sus componentes más representativos y vinculados al tema de la justicia. Los Métodos de Selección: La independencia judicial, a partir de la creación del Estado de Derecho, se ha colocado a nivel constitucional como primer atributo de la Jurisdicción. Si la Jurisdicción no es independiente y los Jueces y Magistrados no son imparciales no puede decirse que se administre verdadera Justicia. Es importante precisar que, si bien el proceso de selección y nombramiento responde a la necesidad de contar con jueces líderes e independientes a la brevedad, esto no significa que la urgencia se constituya en un objetivo en sí mismo, es decir, no se trata de nombrar por nombrar. En este contexto de nombramientos y reducción de provisionalidad, otro tema de vital importancia resulta ser sin lugar a dudas los métodos de selección, los cuales son en si mismos revolucionarios, por decirlo de alguna manera, ya que el sistema de evaluación empleado en los procesos de selección y nombramiento de magistrados, desarrollados a la fecha, ha tenido como premisas básicas: (i) la igualdad de oportunidades para todos aquellos que, cumpliendo con los requisitos de ley, aspiran a un puesto en la magistratura como juez o fiscal y (ii) la primacía de la capacidad técnico - jurídica y las condiciones morales de los postulantes, por encima del juego de intereses partidarios y alianzas políticas, que fue el elemento preeminente hasta el año 2000. Esta metodología ha permitido que el principio de independencia del Poder Judicial, que es esencial y connatural a la función del Juez, se convierta en una realidad objetiva, esto es así, dado que como resultado del origen de su nombramiento, el magistrado seleccionado y nombrado cuenta con la certeza que no le debe favores a nadie. Es importante precisar que, si bien el proceso de selección y nombramiento responde a la necesidad de contar con jueces líderes e independientes a la brevedad, esto no significa que la urgencia se constituya en un objetivo en sí mismo, es decir, no se trata de nombrar por nombrar, y esto lo ha dicho el Consejo desde siempre, es consciente de esto, a pesar que desde diversos sectores se critique, sin conocimiento de causa a mi entender, que se esté privilegiando el elemento cuantitativo sobre el cualitativo. La búsqueda estándares de calidad, tanto profesionales como éticos y morales, entre los aspirantes a los cargos en la magistratura, es constante; en consecuencia, la ciudadanía debe comprender que el trabajo que desarrolla el Consejo, para consolidar un cuerpo de magistrados probo y con calidad, es uno de mediano a largo plazo. Los resultados de estos procesos que se han dado a la fecha, se verán recién dentro de un futuro prudencial , máxime si hoy se viene aplicando paulatinamente el Nuevo Código Procesal Penal. Tal vez sea esta función de selección y nombramiento, se constituya en el arma principal, o una de los más importantes, para la reestructuración del Poder Judicial y del Ministerio Público, siendo esto así, el Consejo se ha preocupado por implementar y mejorar los sistemas de evaluación aplicados a los métodos de selección de manera que la población tenga la seguridad de que encontrará en los que resulten nombrados, un baluarte para la defensa de sus intereses y el reconocimiento de sus derechos invocados en juicio. En relación a lo descrito anteriormente, desde hace un aproximado de 5 años, el CNM ha venido elaborando buenos Reglamentos de Concurso para la Selección y Nombramientos de Magistrados, siendo el del presente año 2008, el Aprobado mediante Resolución Nº 138-2008-CNM de fecha 29.05.2008. En el acotado Reglamento se destaca la exigencia de técnica – jurídica, debidamente evidenciada en la vida académica del aspirante a magistrado, así como otros aspectos formales necesarios. En este extremo consideramos acertado merituar estudios académicos en otras disciplinas; todo ello teniendo en cuenta la exigencia que debe haber por parte del estado para profesionales multidisciplinarios y especializados. De la Ratificación de Magistrados: La ratificación de jueces y fiscales es una atribución constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, junto con el nombramiento y la sanción disciplinaria de estos magistrados. Así, el inciso 2 del artículo 154º de la Constitución de 1993 establece lo siguiente: "Son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura: (...) 2. Ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Los no ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. El proceso de ratificación es independiente de las medidas disciplinarias." Como podemos apreciar, la ratificación tiene las siguientes características: es periódica, no implica la imposición de una sanción con motivo de la comisión de una falta disciplinaria (vale decir, no es un proceso sancionador) y sus consecuencias en caso de no ratificación afectan de por vida al magistrado (no volver a laborar en el Poder Judicial o el Ministerio Público). A estas características añadimos que las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en esta materia no pueden ser revisadas en sede judicial, de acuerdo al artículo 142º de la Constitución. Las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura relativas a la ratificación de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público han sido objeto de severos cuestionamientos por parte de diversas personas e instituciones relacionadas con el quehacer jurídico: abogados, profesores de derecho, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, así como entidades vinculadas con la tutela de los derechos fundamentales de las personas como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. Precisamente estas dos últimas entidades han emitido juicios sobre el tema a propósito de casos concretos que han conocido en ejercicio de sus atribuciones constitucionales. En efecto, a través de la Resolución Defensorial Nº 038-2002/DP, publicada en el diario oficial "El Peruano" el 30 de noviembre del 2002, la Defensoría del Pueblo ha señalado que las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en las cuales se decidió no ratificar a determinados jueces o fiscales, constituyen actos lesivos que vulneran los principios constitucionales de dignidad de la persona, de interdicción de la arbitrariedad y de publicidad y el derecho fundamental de los magistrados no ratificados al debido proceso y al acceso a la información pública; así como las garantías de permanencia de los jueces y fiscales en sus funciones y de independencia judicial. Por su parte, en la sentencia recaída en el proceso de amparo seguido por Diodoro Antonio Gonzáles Ríos contra el Consejo Nacional de la Magistratura (Expediente Nº 2409-2002-AA) , en el cual se impugna el acuerdo de no ratificación del demandante en su cargo de Vocal Superior Titular de la Corte Superior del Callao, el Tribunal Constitucional declara fundada la pretensión por considerar que la decisión de la entidad demanda fue "absolutamente irrazonable y evidentemente inconstitucional". Tanto la resolución defensorial como la sentencia del Tribunal Constitucional motivan algunas reflexiones, básicamente alrededor de dos cuestiones: a) los principios constitucionales y los derechos fundamentales vulnerados; y b) la posibilidad de impugnar las decisiones de no ratificación mediante un proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales. En comentario el Doctor Daniel Soria Luján , en relación a este asunto esboza: “A juicio del Consejo Nacional de la Magistratura, según refiere la Defensoría del Pueblo, al no ser el proceso de ratificación uno de carácter disciplinario o sancionador, no se sujeta a la exigencia de motivar la resolución final o de otorgar audiencia previa al magistrado , es decir, a los estándares del debido proceso. Para los consejeros, las decisiones sobre la ratificación o no de los magistrados son "votos de confianza" sin expresión de causa, esto es, actos discrecionales. No obstante, de las propias afirmaciones del Consejo podríamos apreciar que sí existirían criterios a tener en cuenta para otorgar la confianza a un magistrado y estarían relacionados con la necesidad de separar del Poder Judicial y del Ministerio Público a los jueces o fiscales que puedan estar asociados a la comisión de actos ilícitos o que no tengan la capacidad e idoneidad suficiente para el desempeño del cargo. Ello se deduce de una respuesta del Consejo a la Defensoría del Pueblo, en la cual se afirma lo siguiente : "(...) las ratificaciones funcionan como un mecanismo depurativo y de renovación periódica del órgano judicial en pro de una correcta administración de justicia, que permita mantener a la magistratura ajena a actos de corrupción y con jueces y fiscales capacitados e idóneos para el cargo”. Estas afirmaciones ponen en evidencia que los consejeros utilizan criterios que estarían referidos a procesos distintos a la ratificación. En efecto, los actos de corrupción están necesariamente relacionados con la comisión de actos ilícitos que pueden dar lugar a sanciones administrativas o penales, caso en el cual queda descontado que el magistrado acusado de tales hechos tiene a su disposición todas las garantías del debido proceso. De otro lado, el tema de la capacidad e idoneidad para el desempeño del cargo es un aspecto que tiene que ver más con el proceso de selección que con el de ratificación. Más aún, la Defensoría del Pueblo ha denunciado que para los procesos de ratificación los consejeros "han recogido información de dudosa vinculación con la suficiencia profesional así como con la conducta e idoneidad de la función", como por ejemplo formular preguntas a los magistrados sobre sus relaciones afectivas, los motivos de su soltería, sus compañías ocasionales, etc. Si estos fueron los criterios, las resoluciones de ratificación podrían haberse convertido en sanciones morales contra magistrados homosexuales, divorciados, etc., lo cual conllevaría a auténticas situaciones de discriminación. En todo caso, sea cual fuere la motivación de los consejeros para otorgar o denegar la confianza a un magistrado a través de un proceso de ratificación, lo cierto es que para los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura la ratificación es un proceso en el cual se evalúa con discrecionalidad absoluta la permanencia en el cargo de un juez o fiscal. En tal medida, es menester preguntarse si este tipo de actos jurídicos son compatibles con los principios constitucionales y los derechos fundamentales de la persona” Si bien es cierto determinadas situaciones, pueden o no traer consigo críticas a la función de ratificación de magistrados por parte del CNM, en palabras del Doctor La Hoz, hoy, “ Si algo debe tener por cierto la ciudadanía, sobre este aspecto, es que a diferencia de otros procesos de ratificación en el pasado, el actual está desligado de las esferas del poder político, desde su concepción ideológica. En tal sentido, no responde a la injerencia de tipo alguno de los poderes del estado, es decir, no hay participación del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo o del Poder Judicial. Esta es una garantía de que los criterios empleados responden a hechos objetivos apreciados durante el proceso de ratificación, que se evalúan a conciencia y que concluyen en la renovación o no, de la confianza depositada en jueces y fiscales para continuar en el ejercicio de la magistratura, sin que esto implique una descalificación de la capacidad profesional de los mismos”, a pesar de que el aspecto académico en mi criterio, debe primar, lógicamente basado en pilares morales excelentes. Se debe precisar que, la facultad de ratificar y sus características, fue constitucionalizada por sendas sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, en cuya sede se resolvió de manera clara la no necesidad de motivación de las mismas. Es decir, el Consejo en ningún momento se ha mostrado contrario a la motivación de las resoluciones de ratificación y no ratificación, sino que ha respondido al pronunciamiento del máximo interprete de la Constitución. No obstante, este tema es tan debatible, que incluso ha sido necesario que entre en vigencia el Código Procesal Constitucional, que con un nuevo criterio ha determinado que se requiera motivación en las resoluciones antes indicadas, ante lo cual el Consejo está cumpliendo con la disposición legal vigente. En síntesis, el rol del Consejo Nacional de la Magistratura en la transformación de la justicia en el Perú, es fundamentalmente la de constituirse en el organismo cuyas funciones están entrelazadas por una labor de evaluación constante, tanto para el nombramiento, la ratificación como en los procesos disciplinarios de magistrados. Esta labor de evaluación tiene como premisa básica su total despolitización y desconexión de cualquier ingerencia de las diversas instancias judiciales, en la medida en que sus funciones se llevan a cabo con un estricto criterio técnico. Para finalizar, debemos agregar tomando nuevamente las palabras del Doctor La Hoz, en el sentido que “Se puede inferir con toda certeza que el papel del Consejo Nacional de la Magistratura incide directamente sobre la definitiva despolitización de las diversas instancias judiciales y de resolución de conflictos, en la medida que tiene por finalidad proveer de neutralidad la propuesta y selección de magistrados, que en una democracia que busca consolidarse como la nuestra requieren un alto nivel de independencia, que permita a los actores sociales: nacionales y extranjeros, sentir la tranquilidad y seguridad de que en ultima instancia encontrarán una solución justa y adecuada a derecho sin interferencia de ningún orden para resolver cualquier conflicto de intereses, pues si no hay seguridad y estabilidad jurídica en el país no habrá inversión, y si no se produce ésta, no hay trabajo, y si no hay trabajo no hay empleo y si no hay empleo, no hay paz social. En estas circunstancias, incluso el Tribunal Constitucional, cuyos miembros son sometidos al juego político del Poder Legislativo deben ser nombrados mediante un proceso de selección técnico a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura, asimismo el Defensor del Pueblo”. De la sanción a magistrados: El artículo 154 de la Constitución, inciso 3º, establece: "Son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura: aplicar la sanción de destitución a los vocales de la Corte Suprema y Fiscales Supremos y, a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente a los jueces y fiscales de todas las instancias. La resolución final, motivada y con previa audiencia del interesado, es inimputable". A diferencia de la Constitución de 1979, la Constitución de 1993 le concede al Consejo Nacional de la Magistratura la función de aplicar la sanción de destitución a los Vocales de la Corte Suprema y Fiscales Supremos; asimismo, la Constitución faculta al Consejo a imponer la sanción de destitución a magistrados de inferior jerarquía a Supremos, pero sólo a pedido de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos. En ese sentido, la sanción de destitución a los Vocales y Fiscales Supremos puede ser impuesta como consecuencia de un procedimiento disciplinario iniciado con motivo de una denuncia o a mérito de una investigación abierta de oficio por el propio Consejo; y, en el caso de otros jueces y fiscales, tal como se señaló en el párrafo precedente, sólo a pedido del Poder Judicial y del Ministerio Público. Asimismo, uno de los principales problemas que afronta el Consejo Nacional de la Magistratura en materia de procedimientos disciplinarios es la existencia de imprecisión en la determinación de las conductas que constituyen infracción: "Hecho grave que sin ser delito compromete la dignidad del cargo y lo desmerezca en el concepto público", lo que ha dado lugar a que el Tribunal Constitucional mediante sentencia N° 4596-2006-PA/TC lo exhortó a que precise y desarrolle en su Reglamento dicho concepto jurídico indeterminado . La nueva Ley de Carrera Judicial en un afán de paliar dicha situación ha incorporado como una de las novedades el hecho de clasificar a las faltas en tres categorías: leves, graves y muy graves. Las faltas leves son sancionadas en su primera comisión, con amonestación, y, en su segunda comisión con multa, las faltas graves son sancionadas con suspensión y las muy graves con destitución, logrando con ello tipificar las conductas, lo cual es un avance, ya que permite que los magistrados tengan mayor seguridad en cuanto a determinar qué conducta da lugar a una sanción disciplinaria. Al respecto mediante Ley Nº 26397, se modifica la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura ampliando sus competencias para la aplicación de sanciones disciplinarias diferentes a la destitución de jueces y fiscales. En ese sentido se esta confiriendo al Consejo una potestad no establecida por el artículo 154 de la Constitución Política del Perú, precepto que no permite que por vía legal se puedan ampliar las competencias otorgadas por la Constitución, por lo que para que el Consejo tenga dichas competencias es necesario que previamente se realice una reforma de la Constitución, reforma que permitirá que más adelante no se cuestione la validez de la aplicación de las sanciones por el Consejo. La ley promulgada dice textualmente: "Si la sanción a imponerse a juicio del Órgano de Gobierno y gestión del Poder Judicial o del Ministerio Público es la destitución, esta recomendación será puesta en conocimiento del Consejo Nacional de la Magistratura" (artículo 2.2.2). Rotundo y terminante. Las partículas nocivas de la Ley 26933 no han sido derogadas. Están vivas, actúan, y para morir requieren de derogación expresa. Todo ello, y otros signos de lo que está ocurriendo en el país, nos regresan necesariamente al asunto de la institucionalidad democrática, y específicamente al tema de la democracia en el Perú. Por ello, es indispensable recordar que la democracia no es un fin. Que el carácter moral de la democracia no es automático, sino que está supeditado a los fines que ésta persiga y depende de los medios de que se sirva, pues en puridad el valor de la democracia se mantiene o no se mantiene según los valores que encarne y promueva. Es preciso que todos recordemos que el poder político, para legitimarse, está obligado a respetar los derechos fundamentales de la persona humana y los derechos esenciales propios de las instituciones constitucionales que son el soporte de la democracia en un país, mucho más si se esta en juego la autonomía de instituciones medulares como es nuestro Consejo Nacional de la Magistratura. --PIÉ DE PÁGS.--- (1)MARTINEZ NEIRA, NÉSTOR. “Los Consejos de la Magistratura en Latinoamérica”. BID. Mayo 19-22: 1996. Pág. 01 (2)http://www.cnm.gob.pe/doc-menu-9.html (3)Ricardo La Hoz Lora. http://www.google.com.pe/search?hl=es&q=funcion+del+consejo+nacional+de+la+magistratura&meta=http://www.idl.org.pe/idlrev/revistas/124/pag95.htm (4)CALVO SANCHEZ, M.C., La recusación de los Jueces y Magistrados (I), en Revista Universitaria de Derecho Procesal (RUDP), nº 1, 1988, p. 73 y 74. (5)Ricardo La Hoz Lora. http://www.google.com.pe/search?hl=es&q=funcion+del+consejo+nacional+de+la+magistratura&meta= (6)Ricardo La Hoz Lora. http://www.google.com.pe/search?hl=es&q=funcion+del+consejo+nacional+de+la+magistratura&meta= (7)http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2002/2409-2002-AA.html (8)http://www.cajpe.org.pe/rij/bases/juris-nac/Soria-Ratificacion.htm (Idem 9) (9)Ello sí se exige en el caso del proceso disciplinario, conforme a la última parte del inciso 3 del artículo 154º de la Constitución (10)Resolución Defensorial Nº 038-2002/DP, cuarto acápite de la parte de vistos. (11)Ricardo La Hoz Lora. http://www.google.com.pe/search?hl=es&q=funcion+del+consejo+nacional+de+la+magistratura&meta= (12)http://www.cnm.gob.pe/cnm/index.php?option=com_content&task=view&id=184

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    Comments on this article

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    julieta 03/07/2010
    mi comentario es:
    muy interesante todo esto:
    gracias
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