Demandas Ciudadanas Y Respuesta Del Estado

A lo largo de la Historia se han presentado varias muestras de formas de gobierno en las cuales todo el poder recae en unas cuantas manos, y estas a su vez viven gracias al trabajo de miles, y pese a esto, son muy pocas veces las que estos cuantos en los que yace el poder hacen caso de las necesidades y exigencias del pueblo, es más, casi en la totalidad de las veces, el gobierno lleva a cabo acciones que solucionan problemas no tan importantes, por así decirlo, pero que causan un gran impacto en el sentir de la sociedad, llámense pequeñas obras de infraestructura que benefician a un sector determinado de la población, pero que repercuten grandemente en la imagen y credibilidad del Estado o gobernante según sea el caso. Sin embargo, cuando los problemas son un poco más complicados o cuantiosos tanto en recursos como en capital, el asunto toma una tonalidad un tanto diferente. Cuando se presentan estas situaciones que no pueden ser resueltas – por no decir maquilladas – con acciones un tanto banales, sino que implican una reestructuración o un replanteamiento de una o diversas políticas públicas, los gobernantes se sienten algo incómodos, ya sea por el cuestionamiento a su proyecto de gobierno o por el hecho de la necesidad de replantear el mismo en función de poder resolver el problema. Pero al hablar solamente de un gobernante en particular al referirse a las demandas del pueblo se cometería una falacia, ya que el Estado no recae en un sólo cargo, o en una sola persona sino en toda una red de diversos sectores con varios estratos entrelazados entre sí y que en su actuar en conjunto llevan acabo las distintas funciones que el organismo gubernamental debe realizar en su totalidad. Tomando en cuenta este hecho, es un poco más sencillo aproximarnos a la raíz del problema de las demandas de la sociedad y la respuesta del gobierno hacia las mismas. Independientemente del Estado que se analice, todos los gobiernos tienen una característica en común, su actuar en la vida nacional debe realizarse en un marco de legalidad, es decir debe ser en y respetando a todas las leyes de la Carta Magna en la que el Estado está constituido, y es aquí donde hay que resaltar a qué hace referencia el principio de la legalidad. Al ser el Estado un ente que descansa en un organización estratificada por medio de diversos puestos, y estos a su vez en personas es muy importante señalar que éstas tienen un responsabilidad de gran peso por dos razones, el cumplir eficiente y expeditamente con todas las tareas que conlleva el cargo y por otra parte el de realizar sus funciones de manera imparcial, es decir que no beneficie ni se vea beneficiado por los recursos que el pueblo le confiere para llevar acabo sus funciones, y de no extralimitarse en las facultades que le fueron concedidas. Es por esto que se dice que el principio de “la legalidad es un principio, intuitu actu y el de responsabilidad intuitu personae, siendo ambos no obstante signos distintivos de la democracia, por cuanto que el primero somete al órgano del Estado en sí mismo como ente despersonalizado y en segundo al individuo que lo personifica o encarna. Independientemente de los medios jurídicos de que los gobernados disponen para hacer respetar el régimen de constitucionalidad y de legalidad por parte de los gobernantes, existen otros que conciernen a la exigencia de responsabilidad de las personas físicas que encarnan a una autoridad, cuando su comportamiento público ha sido ilícito y notoriamente antijurídico.” 1 Esto último es precisamente lo más importante con respecto al ejercicio de los funcionarios públicos, estos tienen el deber de velar por los intereses del pueblo, es decir por el bien común, y de ser cuestionados, removidos o penalizados por sus acciones si estas van en contra de las leyes que rigen al Estado, sin embargo al ser el organismo burocrático tan extenso y al estar conformado por personas con diversas ideologías, visiones y metas, es factible que haya conflictos entre lo que se debe y se planea hacer, debido a que tanto el organismo como la sociedad en general deben formar una amalgama que coexista en armonía, sin embargo en muchas ocasiones al ser las visiones de sociedad y gobierno tan divergentes, éstas no llegan a confluir en un mismo cause, por lo que surgen sentimientos de adversidad y frustración en la parte afectada. Este sentir muchas veces es ignorado por los que poseen los medios de la distribución de los recursos, ya que casi siempre, los necesitados representan una minoría ya sea en número o en poder con respecto al grueso de la población en general, por lo que poco a poco llegan a surgir focos que reclaman atención y exigen soluciones, pero que desde la perspectiva de los gobernantes son insurrectos y subversivos en lugar de ser una parte de la población desatendida a la que no llegan los recursos ni los beneficios de vivir en sociedad. Esta carencia de visión o percepción de amenaza por parte de los gobernantes es sólo la punta del iceberg en el gran problema de las demandas de la sociedad, entre los otros elementos que conforman esto es el consentimiento o el cohecho de otros funcionarios a los diversos atropellos que se cometen en contra de la sociedad civil al violentar los derechos constitucionales, las garantías individuales, por no decir los derechos inherentes al ser humano al tratar de aplacar los reclamos de la población afectada escudándose en el supuesto que sus manifestaciones son una amenaza a la seguridad y orden nacional, pero más grave aún es el manejo mediático y la alteración de la información por parte del gobierno para justificar sus acciones ante la opinión pública y que la sociedad en general acepte estos hechos como verdaderos sin cuestionarlos o sin tratar de informase en otras fuentes si lo que dice la versión oficial es verdad, mostrando una grave amnesia histórica, ya que hay muchas muestras de que en otros ayeres el Estado cometió atropellos en contra de aquellos que exigían justicia para sanar su desgastado estado de desigualdad en donde sus condiciones de vida no eran dignas de un ser humano.

1 Burgoa Urihuela, Ignacio, Derecho Constitucional Mexicano, p. 553. Porrua. 2004

Carlos Miguel Angulo Hernández