"Algunos Fundamentos De La Reparación Civil En Los Delitos De Omisión A La Asistencia Familiar"

Posteado: 09/05/2010 |Comentarios: 0 | Vistas: 4,370 |

Se debe de precisar en este acápite, lo que corresponde entender por el objeto de la institución de la reparación civil, señalando que ésta busca reparar o compensar los efectos que el delito ha tenido sobre la víctima o perjudicados, reconociéndose en la dogmática jurídica penal que los hechos que constituyen delito penal merecen la aplicación de una pena, puesto que estos hechos pueden causar un daño a quien, decimos que son fuentes de responsabilidad civil, estos son por tanto casos de responsabilidad civil derivada del ilícito penal, por ende no tiene como fundamento la responsabilidad en el delito sino en el daño ocasionado a la víctima, existiendo acuerdo mayoritario en la doctrina sobre la naturaleza civil y no penal de la responsabilidad civil ex delito, consecuentemente para fijarlo se debe analizar el grado del daño ocasionado, debiendo guardar proporción con la entidad de los bienes jurídicos que se afectan[1].

De otro lado se tiene que la comisión del delito no solo acarrea la imposición de una pena o medida de seguridad, como tercera vía, sino también que, en atención a los intereses de la víctima, concurre la reparación del daño ocasionado, es decir, la reparación civil. Tal como ha sido expuesto, "las consecuencias jurídicas del delito no se agotan con la imposición de una pena o medida de seguridad, sino que surge la necesidad de imponer una sanción reparadora, cuyo fundamento está en función a que el hecho delictivo no solo constituye un ilícito penal, sino también un ilícito de carácter civil"[2] .

En ese sentido, la reparación civil tiene como objetivo la reparación del daño generado por la comisión del delito, es decir "reparar o compensar los efectos que el delito ha tenido sobre la víctima o perjudicados". Para ello debe tenerse presente lo que a tenor del texto del artículo 93 del Código Penal nos ilustra, que la reparación se entiende bajo dos formas: la restitución del bien (o el pago de su valor) y la indemnización por los daños y perjuicios. Cualquiera sea la forma reparatoria aplicable prima en principio la función reparadora integral de todos los daños ocasionados por el delito, no obstante, esta afirmación no puede ser categórica al tenerse en cuenta la imposibilidad de lograr ello en los daños ocasionados para determinados delitos, por lo que por cuestiones de equidad cabe flexibilizar la mencionada función. Esto dependerá de la valuación de estar ante un daño material (patrimonial) o moral (extrapatrimonial). El Pleno Jurisdiccional Penal de Iquitos (1999) en el quinto acuerdo plenario, segunda conclusión, ha referido que "el monto de la reparación civil debe determinarse en atención al daño económico, moral y personal, comprendiendo inclusive el lucro cesante". En nuestro caso, el daño generado, con motivo de la comisión del delito de Omisión a la Asistencia Familiar, el mismo que busca proteger a la familia en su esencia, y asimismo proteger a quienes forman parte de ella, y que de acuerdo al derecho privado se encuentran legitimados para impeler contra quien resulta ser su progenitor, les asigne una pensión alimenticia y de esa forma velar por su subsistencia. Como se advierte en el ilícito penal sub judicie, la reparación civil versara en primer lugar respecto al daño material causado al agraviado o agraviados, y que dicho daño se hace ostensible en la omisión incurrida por el agente en cumplir con su obligación alimentaria ordenada judicialmente, lo que ocasiona un grave perjuicio a la salud del sujeto pasivo del delito, quien se encuentra privado de satisfacer sus necesidades mas apremiantes para poder desarrollarse de manera normal; debiendo recordarse que en este caso no se trata de una obligación civil propiamente dicha, sino una obligación de un contenido mayor relacionado a la propia subsistencia del alimentista, el cual para desventaja ingente, es un menor de edad, que difícilmente puede valerse por sí mismo. En segundo lugar, la conducta dolosa del agente ha generado que se irrogue daño moral y personal sobre la estructura sicoemocional de los agraviados, lo cual dada su naturaleza misma de abstracta o subjetiva, no existe un parámetro o valor estimable que los satisfaga, empero es necesario fijar su reparación. Al respecto, se ha afirmado que el criterio más adecuado para su determinación es el de la equidad[3], buscando la forma más justa de reparación al supuesto. La jurisprudencia italiana ha planteado algunos criterios de equidad en la reparación del daño moral: 1) La gravedad del delito; 2) La intensidad del sufrimiento en el ánimo; 3) La sensibilidad de la persona ofendida; 4) Las condiciones económicas y sociales de las partes; 5) El vínculo de connubio o parentesco; 6) El estado de convivencia. En cuanto a la reparación civil del daño moral generado por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, éste cómodamente calzaría en todos los supuestos descritas, en razón a que el sólo hecho de dejar de acudir con una pensión alimenticia ordenada por el Juzgado, irrogaría severos daños en la psiquis del agraviado o agraviados, en razón que es su propio progenitor quien se resiste a cumplir su obligación natural, moral y legal de manutener a su prole, existiendo pues vínculos de consaguinidad que los une. De otro lado para efectos de la reparación civil en su conjunto debe de tomarse en cuenta lo que de acuerdo al código civil en su artículo 472º debe de entenderse por alimentos: (…) Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la situación y posibilidades de la familia. Cuando el alimentista es menor de edad, los alimentos comprenden también su educación, instrucción y capacitación para el trabajo; en consecuencia al OMITIR el imputado con sufragar las pensiones alimenticias, estaría atentando frontalmente contra todos los intereses que regula dicha norma y que resultan indispensables para su subsistencia, es decir que se afectaría gravemente tanto su sustento, habitación, vestido y asistencia médica, lo que traería como corolario nefasto el resquebrajamiento de su salud mental, física y espiritual, sin dejar de lado su frustración profesional y personal.

Como se vislumbra, la reparación civil en éste tipo de injustos debe de considerarse de manera integral, tanto el aspecto material como moral, y atendiendo a lo acotado por las normas regulatorias de la materia, como lo es el Código Civil peruano y el Código de los Niños y Adolescentes.

Ergo, tanto el Fiscal como el Juez están obligados –por emplear el verbo más conveniente- en fundamentar el extremo de la reparación civil, tanto en sus requerimientos (caso del Fiscal en la Acusación) y sus sentencias (caso del Juez); en observancia a lo que se entiende por el instituto jurídico de alimentos, y además con un criterio dotado de sindéresis y adecuada epiqueya.

Podéis visitar mi web: http://articulosiuris.blogspot.com/

 

[1] EXPEDIENTE. Nº 2499-2005-PIURA -08/09/2005. SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

[2] EJECUTORIA SUPREMA DEL 21 DE OCTUBRE DE1998, EXP. Nº 100-96- CUSCO.

[3] GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino, Delito de enriquecimiento ilícito, ARA, Lima, 2001, p. 259.

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