¿Tienen Los Paraísos Fiscales Los Días Contados?

"Se acerca el fin de los paraísos fiscales". Esta afirmación esta siendo repetida hasta la saciedad por gobiernos, ONG's, organizaciones como la OCDE y por muchos medios de comunicación.

Las recientes concesiones en materia de secreto bancario hechas por Suiza, Austria, Liechtenstein, Luxemburgo, Andorra y Mónaco han provocado que se desborde el optimismo entre los detractores de los territorios de baja fiscalidad.

¿Pero qué ha cambiado realmente? ¿Es cierto que los paraísos fiscales tienen los días contados? Seguramente no y por diversas razones.

En primer lugar, porque de momento las tan celebradas "concesiones" no son más que declaraciones de buenas intenciones y queda por ver en qué se traducen finalmente. El Gobierno suizo, por ejemplo, se comprometió a un intercambio de información en materia fiscal con otros países sólo en "determinados casos", en los que se tengan "sospechas demostradas y concretas". Esta definición es lo suficientemente ambigua para dejar lugar a maniobras o estrategias de todo tipo. Sólo una vez que se comiencen a firmar acuerdos bilaterales concretos con los diferentes países, sabremos el alcance real que tendrán estas medidas. En el caso de Suiza, está por ver además si no surgen grupos de presión que fuercen un referéndum popular sobre el tema, el cual podría invalidar el compromiso formal adquirido por el gobierno. Algo similar ya ocurrió en el pasado con los acuerdos de adhesión a la UE, que tras ser negociados por el gobierno helvético fueron tumbados en sucesivas consultas populares. Lo que parece claro, es que los acuerdos no conllevarán en ningún caso un intercambio automático de información fiscal, que es lo que la OCDE y la Unión Europea realmente perseguían. Es decir, se está vendiendo a la opinión pública un acuerdo precario de mínimos como una gran victoria.

Por otro lado, la eficacia de estas medidas también es cuanto menos discutible, ya que afectará principalmente a defraudadores menores. Es de dominio público que los grandes evasores de impuestos no abren cuentas en su propio nombre, sino que se esconden tras una maraña de directores fiduciarios, testaferros, fundaciones y sociedades offshore. Estas entidades, al tratarse de personas jurídicas registradas en paraísos fiscales situados fuera de Europa, no están bajo la jurisdicción de la UE y por tanto el secreto bancario les seguirá protegiendo.

Es un caso similar al que ocurre con la Directiva Europea sobre la Fiscalidad del Ahorro, aprobada por la UE en 2005 y aceptada también por Andorra, Suiza, Mónaco, San Marino y Liechtenstein. La directiva incluye un sistema de intercambio de información fiscal sobre depósitos mantenidos por particulares, pero no contempla a las personas jurídicas, lo que permite a las grandes fortunas seguir ocultándose bajo la protección del velo corporativo. De este modo, los más afectados por la medida son pensionistas nórdicos instalados en la costa mediterránea o emigrantes de los países del sur, que mantienen cuentas en sus respectivos países de origen. Una vez más, se da caza al pez pequeño y se deja escapar al grande.

Es innegable que la presión continua sobre los paraísos fiscales, por parte de gobiernos y organizaciones internacionales durante la última década, ha propiciado en algunos casos serios recortes de las leyes de privacidad y de secreto bancario. Pero, es evidente también, que no estamos ni mucho menos ante el fin de las ahora llamadas jurisdicciones offshore. Lo que sí se puede anticipar es que se producirá seguramente un cambio de tendencia y las operaciones financieras cada vez se desplazarán más a nuevos países menos estigmatizados, o bien, a localizaciones más discretas que ofrecen ventajas fiscales similares.

Sin ir más lejos, algunos estados de USA o el propio Reino Unido también constituyen auténticos paraísos fiscales para los no residentes, al menos si se aplica de forma estricta la definición de lo que la propia OCDE define como "prácticas fiscales dañinas". El doble rasero que aplica esta organización a la hora de incluir o no a un país en su temida lista negra, hace que muchos analistas sostengan que su lucha tiene en realidad más que ver con una motivación económica, cuyo objetivo es eliminar la competencia fiscal de terceros países. Igualmente, el nivel de presión ejercido no tiene ni mucho menos la misma intensidad en todos los casos. Al fin y al cabo, resulta más sencillo presionar a los pobres y pequeños estados del Caribe, que enfrentarse seriamente a gigantes económicos como Hong Kong o Singapur o, recortar los propios privilegios de los países miembros de la OCDE.

Sea como fuere, los acuerdos de asistencia legal y fiscal que se han visto obligados a firmar numerosos paraísos fiscales ante el temor de sanciones, no siempre han tenido trascendencia fiscal o, en caso de tenerla, sólo afectan a ciudadanos de determinados países, especialmente a los estadounidenses o de ciertos países de la UE.

Donde las medidas de transparencia han tenido quizás un mayor impacto es en la comunidad bancaria. Es de esperar que durante los próximos años sigamos asistiendo a recortes del secreto bancario aquí y allá, especialmente en los paraísos fiscales más clásicos y los situados en Europa. De este modo, el estandarte del secreto bancario, Suiza, puede verse desplazada por jurisdicciones que como Panamá han sabido defender con más firmeza sus leyes de secreto bancario.

En resumidas cuentas, no estamos ni mucho menos ante el fin de los paraísos fiscales. Existen demasiados intereses políticos y económicos. Mientras siga habiendo naciones subdesarrolladas que tienen poco que perder y mucho que ganar con el negocio offshore, el fenómeno cambiará de cara, de nombre o de lugar, pero de seguro continuará existiendo. Algunos de los paraísos fiscales y bancarios clásicos desaparecerán, pero otros nuevos tomarán el relevo.